El caso de Iryna Zarutska: las polémicas declaraciones del acusado
La historia de Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años que buscaba comenzar de nuevo en Estados Unidos tras huir de la guerra, ha sacudido a la opinión pública internacional. Su vida se truncó el pasado mes de agosto en un tren de Carolina del Norte, donde fue atacada en un episodio que dejó en evidencia problemas de seguridad, fallos en el sistema judicial y serias dudas sobre la atención a personas con trastornos mentales en ese país.
El presunto responsable, Decarlos Brown Jr., de 34 años, fue detenido poco después del hecho y enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Sin embargo, sus declaraciones posteriores desde prisión añadieron un componente inquietante al caso. Brown aseguró que el ataque no fue enteramente producto de su voluntad, insinuando que había sido manipulado por supuestos factores externos que afectaban su mente.
La historia de Zarutska resulta especialmente dolorosa porque simbolizaba la esperanza. Tras vivir en refugios antiaéreos en Ucrania, logró establecerse en Charlotte junto a su madre. En poco tiempo consiguió trabajos modestos en restaurantes y residencias, y soñaba con convertirse en asistente veterinaria mientras estudiaba inglés en un colegio comunitario. Sus familiares describieron a la joven como alguien con un profundo deseo de construir un futuro mejor, motivada y agradecida por la oportunidad que le había dado Estados Unidos.
El caso generó mayor indignación al revelarse que el acusado había sido liberado meses antes gracias a una decisión judicial que lo dejó en libertad bajo promesa de comparecencia, pese a su historial delictivo. La jueza encargada de aquella resolución, Teresa Stokes, fue señalada públicamente por legisladores que la responsabilizaron de no haber actuado con mayor firmeza. Autoridades como Tim Moore, presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, afirmaron que el sistema judicial falló en proteger a Zarutska y pidieron la destitución inmediata de la magistrada.
El historial de Brown es extenso. Desde 2011 acumulaba condenas por robos y había pasado varios años en prisión por delitos con violencia. También se registraban episodios de agresión y diagnósticos de esquizofrenia, un cuadro que su familia asegura no fue tratado de manera adecuada. Su madre, Michelle Dewitt, declaró que su hijo no debía haber sido liberado por el riesgo que representaba para la sociedad y porque su salud mental estaba claramente deteriorada.
En grabaciones difundidas por su hermana, el propio Brown insistió en que se sentía manipulado, alegando teorías de conspiración en torno a su mente. Este tipo de declaraciones reavivaron el debate sobre la atención médica a pacientes con enfermedades mentales en Estados Unidos. La familia del acusado sostuvo que, en varias ocasiones, intentaron ingresarlo en hospitales psiquiátricos, pero que siempre era dado de alta tras evaluaciones breves, lo que dejaba sin resolución una situación de alto riesgo.
El caso también ha escalado al ámbito político. Mientras líderes republicanos exigieron endurecer las leyes y responsabilizaron a las políticas progresistas de permitir que un reincidente estuviera libre, demócratas como el exgobernador Roy Cooper acusaron a la oposición de utilizar la tragedia con fines electorales. La discusión ha vuelto a poner en el centro la falta de consenso sobre cómo equilibrar seguridad pública, derechos individuales y la atención de los más vulnerables.
Para quienes conocieron a Iryna, el dolor se centra en la pérdida de una vida joven que apenas comenzaba. Su novio, Stanislav Nikulytsia, compartió imágenes de ambos en redes sociales, expresando su tristeza con mensajes breves y conmovedores. Familiares y amigos resaltaron que ella representaba la fuerza de quienes llegan a un país nuevo con la intención de superarse.
La muerte de Zarutska no solo expone los vacíos del sistema judicial y sanitario estadounidense, sino también la fragilidad de quienes buscan refugio en un país extranjero. Hoy, su nombre se ha convertido en símbolo de la necesidad de revisar políticas públicas relacionadas con la migración, la justicia y la salud mental. La investigación continúa, pero el caso ya dejó planteadas preguntas de fondo: ¿cómo prevenir que se repitan tragedias similares? ¿y hasta dónde llega la responsabilidad de un sistema que no logra responder a tiempo frente a señales de riesgo evidentes?